lunes, 15 de junio de 2009

José María, buen nombre para una cucaracha

"La caza me ha parecido siempre una actividad cruel, y mi costumbre de poner nombre a los animales -que me acompaña desde la infancia-, me impide hacer daño a ninguno de ellos; ni siquiera al más repugnante. Porque si uno tiene en casa, pongamos por caso, una cucaracha, y va un día y la bautiza con el nombre de José María, y luego anda todo el tiempo que si José María por aquí, que si José María por allá, resulta que muy pronto el bicho se convierte en una especie de persona pequeña y negra, que será, además, tímida y enojadiza, o bien un poco presumida".
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"Obabakoak". Bernardo Atxaga. 1988.

viernes, 12 de junio de 2009

La ilegalización del Partido Popular, a un paso

Es curioso que una Ley, para cuya aprobación el Partido Popular puso todo su empeño, que iba a servir para "aislar e ilegalizar a los amigos de los terroristas" (izquierda abertzale, organizaciones de resistencia civil, etc.), al final vaya a ser la que permita su ilegalización (del Partido Popular). Y es que es llamativo comprobar como la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos recoge de un modo premonitorio lo que ha pasado, está pasando y pasará en el PP.

La Ley de Partidos Políticos trata, por un lado, de incrementar la regulación de los requisitos para fundar, gestionar y disolver un partido político, pues la anterior norma preconstitucional era muy parca en este sentido. Y de esta forma, el Partido Popular, que contaba con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados durante la legislatura 2000-2004 pudo aprobar esta Ley Orgánica sin ninguna traba por parte de los demás partidos. La principal consecuencia de todo ello fue la disolución judicial de Herri Batasuna (argumentando que defendía y daba cobertura económica y mediática a ETA) y la persecución judicial de todas aquellas personas e instituciones que hubieran tenido contaco, siquiera de refilón, con el entorno abertzale. Además, hizo del Tribunal Supremo un órgano político, quebrantando la naturaleza judicial que debería haber mantenido. Por otro lado, dicho cuerpo legal pretende que todos aquéllos partidos que atenten contra el Estado de Derecho en cualquiera de sus diversas modalidades (defendiendo la xenofobia, discriminando por motivos de sexo o religión, etc.). No les quedó un fleco suelto.

El artículo 9.4 de la mencionada Ley indica que: "Serán igualmente tomadas en consideración las sanciones administrativas impuestas al partido político o a sus miembros y las condenas penales que hayan recaído sobre sus dirigentes, candidatos, cargos electos o afiliados, por delitos tipificados en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal, sin que se hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión". Es decir, el Partido Popular se guardó muy bien las espaldas, porque únicamente se podría tomar tal medida cuando se hubieran producido delitos contra las Instituciones del Estado, contra la Constitución o contra la Sociedad Internacional. Si hubieran incluido los delitos de corrupción (o de un modo general, todos los delitos tipificados en el Código Penal) en cuanto fueran cayendo las condenas para todos los dirigentes, ex-alcaldes o simples mandos del PP que están imputados, este partido sería carne de disolución judicial desde este mismo instante.

Así que nunca es tarde para poder ampliar la previsión de la ley. Otra cuestión es si los partidos tendrán la suficiente valentía para incluir tales modificaciones en la Ley. El Partido Popular ya demostró claramente que no. ¿Y el PSOE? ¿Se atreverá alguno de los partidos minoritarios que tan transgresores se muestran en otras cuestiones?

P.D: ¿Quién ha dicho que Mariano Rajoy aún no ha conseguido su objetivo de llegar a Presidente del Gobierno?